El porqué del Proyecto de Conservación para dummies

No es ningún secreto que, con la crisis, la dotación siempre precaria de los presupuestos asignados a Patrimonio Cultural se ha visto reducida. No sólo en lo que a la ejecución de más que necesarios proyectos de intervención sobre Bienes Culturales se refiere, sino también en lo que afecta al personal de las administraciones públicas. Parece que la idea aceptada es la de una administración que sólo debe encargarse de eso mismo, de administrar, entendiendo el término como procedimiento para dar respuesta a las necesidades puntuales de los administrados; obviamente, la gestión del Patrimonio Cultural  Material es algo secundario para nuestros gobernantes, asumiendo esta como toda una serie de políticas de conservación, rehabilitación, investigación, etc., sobre el mismo. Sólo así es comprensible que, tras la vorágine de actividad derivada de la burbuja de la construcción y el desarrollo de infraestructuras, una vez cesa la actividad administrativa, se prescinda de gran número de personal de las delegaciones provinciales, la Dirección General de Bienes Culturales y otros organismos relacionados con los Bienes Culturales. 

¿Cómo afecta esta circunstancia? De momento, se han reducido las labores de inspección y vigilancia, bajándose la guardia y permitiendo que se produzcan afecciones irreparables. Las comisiones provinciales, si bien nunca han tenido más papel que el de comparsas de los intereses políticos  regidores de cada delegación, ahora lo tienen peor que nunca. No es muy probable que se puedan manifestar desfavorablemente a cualquier proyecto que vaya envuelto en los falsos oropeles de la creación de empleo o la no afección presupuestaria para la administración. Empiezan a ser cada vez más frecuentes actuaciones sobre Bienes Culturales promovidas por colectivos de forma altruista, lo que no estaría mal si no fuera porque no suelen cumplir con el principal requisito para intervenir en estos según la LPHA*:

Artículo 21 Proyecto de conservación e informe de ejecución

1. La realización de intervenciones de conservación, restauración y rehabilitación sobre bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz exigirá la elaboración de un proyecto de conservación con arreglo a lo previsto en el artículo 22.

2. Al término de las intervenciones cuya dirección corresponderá a personal técnico, se presentará a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico un informe sobre la ejecución de las mismas en el plazo y con el contenido que se determinen reglamentariamente.

Artículo 22 Requisitos del proyecto de conservación

1. Los proyectos de conservación, que responderán a criterios multidisciplinares, se ajustarán al contenido que reglamentariamente se determine, incluyendo, como mínimo, el estudio del bien y sus valores culturales, la diagnosis de su estado, la descripción de la metodología a utilizar, la propuesta de actuación desde el punto de vista teórico, técnico y económico y la incidencia sobre los valores protegidos, así como un programa de mantenimiento.     

No lo digo yo, es lo que recoge la legislación; aunque, para ser sinceros, la nula aplicación de esta parte de la LPHA es de sobra conocida, por no mencionar la arbitrariedad con la que se exige o no éste, dependiendo de la provincia que se trate. Para cumplir con las expectativas que pueda haber generado el título de esta entrada, pasaré a explicar el porqué de este proyecto de conservación de la manera más sencilla posible.

Imaginemos que vamos a intervenir en un edificio histórico. Antes de hacerlo, deberá redactarse un proyecto de intervención que delimite las actuaciones previstas y que incluya una dotación presupuestaria, no sea que empecemos a desmontar las cubiertas (necesitadas de una rehabilitación urgente) y, cuando vayamos por la mitad, nos quedemos sin dinero para seguir. Creo que hasta aquí todo claro, lógico, aceptable en la medida de la inteligencia media. Atendiendo a la misma razón, necesitaremos que ese proyecto lo dirija un profesional cualificado, no vale con tener un maestro albañil especializado en reparar tejados, de ahí lo de personal técnico, aunque la ejecución material la desarrolle un experto alarife. 

Antes que nada, deberemos recabar información sobre el bien en cuestión en los diferentes aspectos a tener en cuenta, incluyendo sus valores culturales; de no hacerlo así, podemos terminar afectando parcelas no tangibles. Como ejemplo podría usar el tema de los revestimientos utilizados en muchas rehabilitaciones recientes sobre arquitectura defensiva: un castillo es, en la percepción colectiva, un edificio de acabados en piedra o tapial; cuando se decide alterar esa imagen aceptada, aunque los estudios previos señalen que una vez estuvo acabado en perlita o a franjas de colores, la respuesta de la sociedad puede ser contraria a esa alteración. Si, además, no se contempla un programa de mantenimiento y los revestimientos elegidos terminan cayéndose a los meses de ser aplicado, no digamos.

Al contrario de lo que pueda parecer, el cumplir con los sencillos criterios expuestos en la LPHA, propicia que las intervenciones tengan las garantías necesarias. Emprender un trabajo tan delicado, como es siempre la intervención sobre elementos de nuestro Patrimonio Cultural Material en base a pequeñas actuaciones, sin una visión integral del objeto de nuestra labor, es cuanto menos arriesgado y falto de miras. En este caso, la máxima de "lo barato sale caro", cobra mayor sentido en cuanto será un precio que no sólo pagaremos nosotros, sino también las generaciones venideras. 

*Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía

Dignidad y arqueología

Hoy me ha llegado una invitación para un grupo de Facebook: P.A.D. Plataforma por una Arqueología Digna. Ni que decir tiene que es una iniciativa interesante y que me llena de esperanza acerca del futuro de esta profesión. Permítanme que les de mi opinión al respecto de la dignidad y la arqueología después de cerca de 15 años a pie de cata.

Puede parecer que los arqueólogos nos hemos olvidado de dignificar la misma, pero puedo asegurar que ha habido compañeros/as que en su tiempo libre, después de más de 10 horas al día en una intervención, han estado peleando por hacerlo acudiendo a asambleas de colegios, asociaciones, consejos de arqueología. No sólo han acudido a estos encuentros sin siquiera poder sacudirse el polvo de la obra (porque quitémonos la venda de los ojos: una intervención arqueológica se ejecuta normalmente en el marco de unos trabajos que la motivan, a no se que se trate de una de esas prístinas actividades sistemáticas que organizan las universidades, con fondos públicos, en las que cualquier  parecido con la realidad que se va a encontrar el estudiante en la calle es pura coincidencia), sino que además han tenido que quitar tiempo a sus asuntos personales para dedicar largas sesiones a planificar iniciativas con las que mejorar las precarias condiciones de la profesión. También ha habido compañeros/as que han optado por dejarse de jaleos y dedicarse a trabajar, esforzándose a diario por defender la práctica de la arqueología como una ocupación seria frente a otras ocupaciones hasta hace poco mejor consideradas a pie de obra (arquitectos, ingenieros, promotores, etc.), ejecutando sus actividades con el mayor de los esmeros y entregando informes y memorias de mayor calidad que muchos artículos para revistas de impacto que he tenido la desgracia de tener que leer. Por sus hechos los conoceréis. Ninguno está por encima de los demás: participar en el trabajo de mejorar un colectivo profesional es una elección personal que, como ya he mencionado, supone una inversión de tiempo y esfuerzo que raras veces se ve recompensada; au contraire, las más de las veces es un perjuicio para quienes tienen que representar al colectivo frente a la administración, otros colectivos profesionales, la sociedad en general. Pero seamos claros: no se cómo será en otras partes del país la capacidad de convocatoria de las secciones de arqueología. Sí se que en Cádiz la sección sigue vacante después de dos convocatorias de elecciones, ante la negativa de la actual presidenta de apoltronarse en el cargo más de una 'legislatura' (extremo anunciado por la misma nada más tomar posesión tras las elecciones de 2009 y, por cierto, tras la baja en el colegio de la anterior junta directiva de la sección -salvo una honrosa excepción- que no supo aceptar el voto de la mayoría que no los reeligió), y ante la ausencia de candidaturas. Se que a las asambleas acuden siempre las mismas personas. De un colectivo de un centenar de colegiados (por el tema del seguro profesional más que nada) tan sólo asisten a las asambleas una decena de ellos; insisto: los mismos. Ahí están los cargos a disposición de quienes quieran hacerse responsables de trabajar por mejorar la profesión previa elección democrática, aunque seguimos cubiertos por la labor de la señora Decana y el señor vicedecano, ambos son miembros en activo de nuestro colectivo profesional.

Dicho esto sigamos con la diatriba. Por otro lado está el problema de la dispersión normativa existente, basada en criterios territoriales que no de conceptos acerca de la reglamentación de las actividades arqueológicas: todas las legislaciones derivan de los mismos documentos internacionales y la LPHE, pero hay que dar trabajo a los que imprimen los boletines oficiales de cada comunidad autónoma. Luego están las interpretaciones que cada delegación provincial quiera hacer de las leyes, decretos y reglamentos; eso es otra historia. Y de controlar los presupuestos de las actividades nada de nada, so pena de parecer una dictadura comunista. No se puede meter la administración en el libre mercado. que sólo hay un arqueólogo para 12.000 metros cuadrados de yacimiento y BIC, pues vale: si tenía que dar gracias por trabajar en lo que me gusta y todo... Claro que, si se trata de una intervención auspiciada con fondos públicos y dirección científica de renombre (vulgarmente conocido como papanatas o vaca sagrada), entonces sí se preocupan de adecuar las partidas económicas a las necesidades del cerebro con salacot. Así hemos llegado a lo que hemos llegado. Y mejor no hablar de los pasados años del boom inmobiliario que han convertido los cascos históricos de nuestras ciudades en quesos gruyère sin observar el criterio de yacimiento único que define la yuxtaposición de ocupaciones que conforma el fenómeno urbano en estos lares.

Política y arqueología: mala combinación. Los políticos no aprecian los restos arqueológicos a domicilio. Ahora bien: cuando se trata de colaborar en la arqueología de allende las fronteras patrias todo son plácemes y prebendas. No es lo mismo una pirámide maya que un santuario protohistórico o una villa romana, claro... Es en lo único que se parecen las películas de Indiana Jones (lo siento: tenía que aparecer) a la realidad es que, cuando se encuentran ambas disciplinas (porque la política es disciplina, de partido, pero disciplina) terminamos rodeados de nazis y víboras. Los consejeros de Cultura y sus delegados correspondientes son normalmente el equivalente en la administración al niño al que todos roban el dinero del desayuno en el recreo. Les dan un par de proyectos estrella para que se entretengan durante los cuatro años que se supone van a durar en los cargos (si no la cagan antes y son descabezados) y a tirar millas. Están por debajo de los demás cabezas de cartel, lo saben y como tal actúan, como subalternos en espera de un logro que los catapulte de casualidad al ministerio homónimo. Las excusas son siempre las mismas: la consejería cuenta con poco presupuesto, no podemos detener el progreso, o la más reciente: los arqueólogos no ha sabido conectar con la sociedad. Intenta conectar con la sociedad cuando tengas que trabajar en una actividad arqueológica, presuntamente preventiva, con las máquinas acechando los restos que debes documentar durante 10 horas al día, con el jefe de obra queriendo darte coba a la más mínima mientras el promotor llama a las puertas de los políticos denunciando que quieres robarle por querer contratar a un antropólogo físico para excavar una necrópolis como el reglamento lo dicta; conecta con la sociedad cuando te encierran en un cercado tupido para que nadie pueda ver que se está ejecutando una intervención arqueológica dentro de la obra, a la que por cierto no puede acceder nadie sin autorización del responsable de seguridad y salud; conecta con la sociedad cuando después de las diez horas de campo debes seguir trabajando en casa para llevar el ritmo de la intervención pero sin que nadie te pague por hacerlo, porque la obligación del promotor de la obra termina cuando obtiene el levantamiento de cautelas para su proyecto: la memoria científica, lleve el tiempo que lleve, es cosa del director de la actividad, etc., etc... 

¿Pagar por excavar? No se paga por excavar, se paga por una formación sobre el terreno. Tampoco esto es nuevo: pagar no he pagado más que con tiempo y dedicación (a cambio de la oportunidad de ser el primero que ve un pavimento de signinum tras dos mil años de olvido bajo siglos de escombros y desechos, de trabajar como peón para aprender desde abajo con los mejores); esto es algo que todos los que empezamos con pico y pala en un solar urbano, allá por mediados de los 90, hemos conocido.

No podemos olvidar tampoco que existen los auxiliares de arqueología que, en el caso de Cádiz por lo menos, saben lo mismo o más que muchos arqueólogos. Cuando empecé tuve que aprender a toda prisa porque debía, supuestamente, saber más que mis compañeros auxiliares por haber pasado por la facultad. Debo reconocer que todavía hoy sigo aprendiendo de estos indispensables de la arqueología a los que debemos más reconocimiento del que tienen. Si tengo la posibilidad, trabajo con peones especializados porque se lo han ganado y porque ayudan a que cualquier actividad vaya como la seda.

Personalmente, nunca aceptaría en una intervención bajo mi dirección a aficionados más allá de los límites propuestos por la community archaeology, más que nada porque por aquí se piensa equivocadamente que voluntariado o implicación de la sociedad significa mano de obra de saldo. A las escuelas taller o planes de empleo me remito, o a ciertas intervenciones restauradoras de buena fe. Hay que delimitar con claridad los límites entre profesionales y aficionados para no retroceder un siglo a los tiempos de los arqueólogos exploradores y aventureros. El título se supone que otorga capacidad profesional, a pesar del reconocimiento tácito que suponen las maestrías de lo contrario, por lo que ya no puedes ser considerado un estudiante. La vida real no es un departamento universitario donde quedarse calvo trabajando para catedráticos, titulares y asociados con la esperanza de ser 'el elegido', aunque se imponga lo opuesto a base de peinar posaderas ajenas con la sinhueso más allá del ámbito académico. ¿Dónde estaba la universidad cuando se excavaba a diestro y siniestro? ¿No podía haber colaborado más con los arqueólogos de calle en lugar de dedicar fondos públicos a preciosos proyectos de investigación que no aportaban más beneficio que engrosar el currículo de determinados popes? ¿Cuántas actividades no sistemáticas podrían haberse beneficiado de la colaboración entre la denostada arqueología preventiva o urgente y el estamento académico? A toro pasado, y en ausencia de fondos públicos que subvencionen una investigación sobre la incógnita suprema que supone averiguar si los hombres prehistóricos comían con la mano derecha o la izquierda, es muy hipócrita acusar a la arqueología de gestión de carencia de publicaciones. 

Como ya habrán deducido los que, sabiamente y conociéndome, hayan abandonado la lectura de esta parrafada identificando mi recurrente discurso acerca de la situación de la arqueología, no veo precisamente con optimismo el futuro de la disciplina, sobre todo con la que está cayendo y con la promesa del LIDAR y demás avances tecnológicos como herramientas del mañana para evitar los problemas derivados de la presencia de arqueología en un proyecto. Lo bueno es que, cada cierto tiempo, surgen iniciativas como P.A.D. Plataforma por una Arqueología Digna que me hacen recuperar la ilusión acerca del futuro de mi profesión, consciente de pertenecer a un colectivo que aún tiene mucho camino por recorrer en las botas de quienes me sucederán en la tarea de acarrear piedras Acrocorinto arriba.

Me he quedado más a gusto que Augusto...

El Armario Cultural

Hoy empieza una apasionante aventura que nos llevará por los vericuetos de la cultura andaluza, entendiendo esta no sólo como la que representan los artistas mayoritarios, los creadores consagrados, los aplaudidos por los medios de comunicación tradicionales, sino como un concepto integrador en el que tiene cabida la gran diversidad de expresiones culturales que campan por estas tierras del Sur. De ahí lo de 'armario cultural', complementario pero a la vez opuesto a lo que se exhibe en los 'escaparates' de la cultura asimilada por el sistema establecido. 

Intentaremos dar a conocer a todos los que, de una u otra manera, intervienen en el proceso de reconocimiento necesario para que nuestro patrimonio cultural se difunda y valore: administraciones, gestores, emprendedores culturales, artistas emergentes, pequeñas editoriales y galerías, educadores, comunicadores, asociaciones profesionales, escenarios alternativos, etc. También abriremos ventanas a otras realidades culturales más allá de nuestras fronteras y a otras formas de entender la gestión de las mismas para ampliar así nuestra mirada.

Un acercamiento al lado más humano de la Cultura, a las personas que están detrás de proyectos e iniciativas realizando una labor en la sombra imprescindible para que todo funcione.

Por supuesto esperamos que este lugar común que hoy abrimos sea también punto de encuentro y debate, espacio propositivo y de crítica, a través de vuestros comentarios y aportaciones mediante cualquiera de los canales abiertos para tal efecto. 

Así que, sin más preámbulos, sed bienvenidos a El Armario Cultural.