La Grande Bellezza

Sorrentino ha conseguido recuperar algo del espíritu de la Roma de La Dolce Vita en esta cinta de preciosista fotografía y excelente reparto, aquel espíritu de bacanal clásica en el disfrute de la vida pero sin ninguna concesión a la ciudad que se mueve en la miseria tras las bambalinas. El neorrealismo cinematográfico parece haber sido un mal sueño, consecuencia de un atracón pasajero de fascismo, guerra y desigualdad social secular. Es hora de la cinematografía de la fantasía. 

Sorrentino, no se sabe si de forma consciente, ha retratado a la sociedad pudiente de la Europa del sur, la misma que sigue disfrutando de los placeres de la vida a pesar de la crisis económica, esa casta inmortal de vividores que nunca desaparece por muchas revoluciones que vengan. Pero es que no puede ser de otro modo en una vieja Europa que vive de su pasado esplendor. Las ciudades de lo meridional del viejo continente necesitan de esta clase para ser plenamente apreciadas en su belleza, aunque sea a través de su uso como escenario de un modo de vida superficial. El protagonista, Gep Gambardella, es un escritor de elegantes maneras y vida disipada que no encuentra un momento para volver a ponerse a escribir. Su primera y única novela, publicada a los 20 años, es la llave que le abre la puerta al mundo del placer de disfrutar de la belleza de la ciudad eterna desde una óptica sensible, a pesar de las fiestas orgiásticas y el resto de la vida social a la que se debe para seguir siendo un habitante privilegiado de la ciudad del Tíber.

Una película para disfrutar en versión original, en pantalla grande. 

El Castillo de San Sebastián

De nuevo se cierne sobre el Castillo de San Sebastián un peligro inminente: la intervención material sobre el BIC sin tener en cuenta la protección del mismo. El Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Cádiz pretenden seguir el procedimiento apresurado de la desafortunada intervención anterior: pequeñas actuaciones que poco a poco vayan alterando el Bien Cultural sin provocar demasiada polémica, todo para evitar cumplir con la LPHA que claramente exige un proyecto de conservación previo a cualquier intervención en un BIC.

El Ayuntamiento esgrime como siempre el mismo argumento: que las obras en el conjunto son una mejora para la oferta cultural de la ciudad. Medio Ambiente, y su empresa servil, TRAGSA, seguirá haciendo lo que le plazca, o al menos lo intentará, desde su prepotente torre de marfil ministerial.

Lo que debería preguntarse la sociedad gaditana es porqué no se pone a disposición de todos los ciudadanos un espacio tan significativo, sobre todo existiendo un tejido asociativo bien seguro dispuesto a dotarlo de vida, como se vio por la experiencia de Valcárcel. Sería de justicia, para los barrios limítrofes y para toda la población del casco histórico, que se pudiera utilizar el recinto para una experiencia de socialización del patrimonio, algo no reñido en manera alguna con el uso que, hasta la fecha, se le ha dado al castillo desde su apertura.

Pero me temo que no es esa la intención. Existen intereses económicos que pocos llegan a prever en esta valorización apresurada del BIC, bastante alejada de su importancia como elemento patrimonial. Esperemos que la Delegación Provincial de Cultura esté al quite de las maniobras del gobierno central y el local. Yo, al menos, voy a estar vigilante, sobre todo después de ser testigo directo de las vicisitudes sufridas por el conjunto durante las últimas obras. 

Mentalidades que no cambian

En el reciente Encuentro Internacional de Arqueología del Suroeste Peninsular, que como viene siendo habitual se celebró en Aroche/Serpa hace un par de semanas, quedó claro que la arqueología sigue siendo una disciplina anclada en el pasado. Y no sólo por su vinculación a la Antigüedad, pocas comunicaciones presentadas sobre arqueología industrial o sobre etapas recientes de la Historia, sino por la vista incapacidad de la mayoría de los practicantes para aceptar que es necesario cambiar de mentalidad respecto a su carácter de ciencia social. La críptica que acompaña al colectivo y a su producción científica se mantiene alejada de la que debiera ser su principal motivación: divulgar el conocimiento de la  manera más amplia posible. A pesar de las nuevas herramientas disponibles para la difusión sin límites, la arqueología en su sentido más académico sigue enclaustrada en los mismos cauces tradicionales: congresos, encuentros, publicaciones científicas, etc. No contentos con esto, cualquier iniciativa que pretenda abrir el conocimiento es recibida con escepticismo, cuestionando la validez de la participación social en el proceso de adquisición del saber científico.

Pero esta actitud no sólo se refiere a la participación de profanos, también a la colaboración entre la arqueología de academia y la que desempeña su labor en el ámbito profesional. Parece pervivir un espíritu decimonónico que condena el trabajo arqueológico como forma de ganarse la vida y ensalza la misma actividad cuando se practica desde los departamentos universitarios o instituciones científicas, como si el vil metal -el mismo que sostiene, o sostenía, la investigación en este campo- no fuese un requisito imprescindible para desarrollar el trabajo en cuestión, como si los académicos se alimentasen de su actividad intelectual; como si no fueran remunerados en moneda corriente. Lo peor es que esto mismo se repite entre los profesionales que trabajan en la administración cultural y los que "hacemos la calle". Los arqueólogos profesionales nos enfrentamos a una presunción de culpabilidad, a una sospecha continua de mala praxis y a un afán desmedido por el enriquecimiento a costa del Patrimonio Cultural, mientras que los arqueólogos que desarrollan su labor en la administración se otorgan la categoría de paladines de la conservación y protección, al igual que los académicos toman posesión de la verdad empírica y la ejecución primorosa. Resulta obvio que así no vamos a ninguna parte. Los problemas que afronta actualmente el Patrimonio Arqueológico son el resultado de este erróneo planteamiento, nunca subsanado por los muchos reglamentos y leyes de patrimonio promulgados. 

A este respecto es necesario mencionar que todo el abundante corpus legislativo existente es papel mojado. La aplicación del mismo está siempre supeditada a condicionantes poco relacionados con el carácter científico de la arqueología, a pesar de ser Andalucía una de las regiones europeas con mayor riqueza arqueológica de Europa, como lo demostró el boom de las actividades arqueológicas preventivas motivado por la fiebre constructiva de los últimos años de especulación inmobiliaria. Fue la misma administración la que se mantuvo al margen de sus obligaciones bajo la premisa de no entorpecer el desarrollo y el progreso del sector motor de la economía. Ahora, a toro pasado, es fácil echar la culpa a terceros, olvidando la permisividad y alegría con la que se autorizaron miles de actividades sin los correspondientes y necesarios avales de rigor científico.

Expuesto todo esto, es más que comprensible que la mayoría de la comunidad arqueológica esté en contra de luz y taquígrafos: no están dispuestos a dejar que sus vergüenzas sean expuestas públicamente. Sin embargo existen profesionales que no tienen nada que esconder, y que desde esta posición de superioridad ética y profesional -la que otorga el saberse no comprado nunca por nadie- siguen trabajando por hacer realidad una arqueología colaborativa, una arqueología abierta a la sociedad, una arqueología accesible y social. 

No voy a mencionar a nadie, más que nada porque no quisiera que se confundiera mi razonamiento con sentimiento, al tener mucho que agradecer a estos profesionales que me enseñaron a mantener una ética profesional por encima de todo. Dejaré que aquellos interesados en el tema busquen en las actas del encuentro el proyecto que, a mi entender, simboliza todo a lo que debemos aspirar los que practicamos la arqueología.