De nuevo se cierne sobre el Castillo de San Sebastián un peligro inminente: la intervención material sobre el BIC sin tener en cuenta la protección del mismo. El Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Cádiz pretenden seguir el procedimiento apresurado de la desafortunada intervención anterior: pequeñas actuaciones que poco a poco vayan alterando el Bien Cultural sin provocar demasiada polémica, todo para evitar cumplir con la LPHA que claramente exige un proyecto de conservación previo a cualquier intervención en un BIC.
El Ayuntamiento esgrime como siempre el mismo argumento: que las obras en el conjunto son una mejora para la oferta cultural de la ciudad. Medio Ambiente, y su empresa servil, TRAGSA, seguirá haciendo lo que le plazca, o al menos lo intentará, desde su prepotente torre de marfil ministerial.
Lo que debería preguntarse la sociedad gaditana es porqué no se pone a disposición de todos los ciudadanos un espacio tan significativo, sobre todo existiendo un tejido asociativo bien seguro dispuesto a dotarlo de vida, como se vio por la experiencia de Valcárcel. Sería de justicia, para los barrios limítrofes y para toda la población del casco histórico, que se pudiera utilizar el recinto para una experiencia de socialización del patrimonio, algo no reñido en manera alguna con el uso que, hasta la fecha, se le ha dado al castillo desde su apertura.
Pero me temo que no es esa la intención. Existen intereses económicos que pocos llegan a prever en esta valorización apresurada del BIC, bastante alejada de su importancia como elemento patrimonial. Esperemos que la Delegación Provincial de Cultura esté al quite de las maniobras del gobierno central y el local. Yo, al menos, voy a estar vigilante, sobre todo después de ser testigo directo de las vicisitudes sufridas por el conjunto durante las últimas obras.
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